La asociación que gestiona el servicio lo suspende por dificultades económicas
Más de 325 citas se han pospuesto a febrero pero sin garantías
Esta situación se produce tras un año de impagos y retrasos de la Junta
Los sindicatos denuncian una 'estrategia' de la entidad para 'abaratar costes'
A los profesionales, despedidos, se les ofrece trabajar ahora como autónomos

Yaiza Perera | Madrid

Más de 300 familias de Castilla-La Mancha que han vivido una situación grave de violencia llevan desde el pasado 31 de diciembre sin recibir terapia. La entidad privada que se ocupaba desde el año 2000 de gestionar esta asistencia psicológica por la firma de sucesivos acuerdos anuales con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo (Amformad), ha cerrado el servicio sin que las personas que estaban siendo atendidas fueran derivadas a otro recurso público para que pudiesen continuar su tratamiento.

Los afectados son tanto víctimas -mujeres y menores- de casos de maltrato o de abusos sexuales como hombres y menores agresores que habían iniciado un proceso terapéutico para el manejo de la ira y el autocontrol en Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Albacete. También se han suspendido las terapias de un equipo itinerante en Alcázar de San Juan que reforzaba la intervención en el ámbito rural. Durante las últimas cuatro semanas sólo se ha brindado atención a estas personas desde los Servicios Sociales "cuando había necesidad", según señalan fuentes de la Consejería, que insisten en que el "servicio no ha quedado descubierto".

Las citas de unas 325 familias que eran atendidas en el programa de prevención e intervención en violencia familiar, y por el que la Junta acordó por convenio el pago de 790.736 euros en 2011, fueron canceladas y pospuestas para el mes de febrero, pero sin garantías de que se vaya a prestar en las mismas condiciones, según ha podido saber ELMUNDO.es. También ha sido suspendido el Programa Revelas de Abuso Sexual, que atendía desde septiembre de 2010 a menores que habían sido agredidos y ofrecía asesoramiento a sus familias. La subvención acordada por el Gobierno castellanomanchego para este programa en 2011 ascendía a 90.000 euros.

Los afectados son personas que han atravesado situaciones de violencia críticas, que requieren una respuesta inmediata y un seguimiento. La falta de terapia puede llegar a agravar su situación o incluso suponer un quebrantamiento de una medida judicial en el caso de que hayan sido condenados y obligados a asistir a ellas.

El cierre del servicio se produce después de un año de "impagos y retrasos" por parte de la Junta de Castilla-La Mancha a la asociación, según informan fuentes de CCOO, aunque desconocen la cantidad exacta por la "opacidad" de la Junta. Desde la Dirección General de la Familia se reconoce que la entidad sufre desde hace tiempo "graves problemas económicos" y que se llegó a plantear incluso en cambio de "gestor". Sin embargo, la "especialización" y la dilatada experiencia de Amformad en este área de intervención, con la que la Administración lleva colaborando más de once años, ha llevado a la Consejería a mantenerla como tal para el año 2012, sin detallar el montante al que ascenderá el futuro convenio. Fuentes oficiales informan de que para reducir costes se ha negociado con los cinco ayuntamientos en los que Amformad contaba con un centro alquilado para que le cedan un local de forma gratuita.

Hasta la fecha ninguno de los dos acuerdos firmados con la entidad aparece como prorrogado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como sí se ha hecho en lo concerniente a los convenios del Instituto de la Mujer con distintas entidades para que sigan funcionando los Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en Castilla-La Mancha hasta que se adjudiquen los servicios por concurso.

Una 'estrategia' para abaratar costes

En años anteriores, cuando la firma del convenio aún no se había producido en enero, esta entidad sin ánimo de lucro prestaba el servicio y lo cobraba posteriormente, pero en esta ocasión la forma de proceder ha sido distinta a pesar de que la Junta y Amformad ya habían "apalabrado" que ésta seguiría prestando el servicio en 2012, según denuncian fuentes de CCOO Castilla-La Mancha.

Los trabajadores, psicólogos o educadores sociales, que llevaban a cabo la intervención han sido despedidos -22 en todo 2011- y, con cinco nóminas de 2011 pendientes de cobro. La empresa les ofrece reincorporarse el próximo mes como "autónomos". A juicio de CCOO, el cierre del servicio es una estrategia para "abaratar costes" en detrimento de la "calidad del servicio" y de las "condiciones laborales" de los profesionales. "La empresa cierra el servicio, los trabajadores se van a la calle" y luego lo retoma ya "sin responsabilidad como empleador" y sin "el coste de pagar la Seguridad Social a los trabajadores", advierte el sindicato. Mientras, decenas de familias esperan (y necesitan) una respuesta sin demora.

"En tiempos así se debe apoyar a las familias, ampliar el gasto en este tipo de ayudas y que se sientan protegidas y atendidas, no hacer recortes y cargarse el servicio", advierte Antonio Jesús García Garrido, miembro de IU en Alcázar de San Juan. En esta localidad de Ciudad Real uno de los empleados de Amformad presentó una denuncia contra la asociación después de ser despedido.

ELMUNDO.es ha tratado de recabar en varias ocasiones, sin éxito, tanto la postura de la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo.

Recortes sociales

La suspensión de las terapias por parte de Amformad se produce después de un año de "impagos y retrasos" por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, algo que, según advierten fuentes de CCOO está siendo una constante en la actuación de la Administración en todo el ámbito de los Servicios Sociales, gestionado en la mayoría de casos por entidades sin ánimos de lucro y empresas privadas. De hecho, esta "importante demora en el abono de pagos", como reconoce la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en una orden fechada el pasado 10 de enero la ha llevado a modificar el plazo para que las entidades subvencionadas presenten la "justificación de sus gastos".

A mediados de diciembre, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, insistía en la idea de que el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos puesto en marcha por el Gobierno de Cospedal compatibilizaba la necesidad de ajustar los gastos, que, según anunció en aquel momento, ya había generado un ahorro de "220 millones de euros", con el compromiso de dar "prioridad a la sanidad y a los asuntos sociales no por estrategia, sino porque cree realmente en que los derechos sociales básicos son básicos”.

Desde los sindicatos, la visión de la realidad es radicalmente distinta. "La situación es dramática", advierten desde el sindicato, que ven peligrar el empleo de "entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo" tanto por los recortes, que calculan de entre el 10-20%, como por la situación de asfixia a la que se ven conducidas las empresas o ayuntamientos que gestionan los servicios y que al no recibir el dinero acordado, deciden el cierre del servicio. Esto está ocurriendo, aseguran, en toda la red de servicios sociales, desde la atención a "familias", como en este caso, pero también en la asistencia a "inmigrantes, discapacitados, mujeres o personas con riesgo de exclusión social".

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