Dentro del imaginario colectivo de los españoles es lugar común sostener que el número de empleados públicos es abusivo. De hecho, si se hace una encuesta entre la ciudadanía la inmensa mayoría de los contribuyentes responderá que uno de los caminos más rectos hacia la recuperación pasa por cortar cabezas (al menos en sentido figurado) y despedir a miles de funcionarios.
El mosqueo -por decirlo de una manera suave- es razonable si se tiene en cuenta que desde el inicio de la recesión este país ha destruido más de 1,8 millones de puestos de trabajo en el sector privado, mientras que en el sector público el nivel de ocupación ha crecido en plena debacle económica. Aunque en los dos últimos trimestres se ha producido una ligera reducción en el número de funcionarios, lo cierto es que más de tres millones de trabajadores están hoy al servicio de las administraciones públicas. En concreto 3.065.700, lo que significa que uno de cada seis ocupados trabaja para el Estado en el sentido amplio del término.
"El número óptimo de funcionarios exige un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir"
A la luz del fichero oficial que recoge el número de empleados públicos, el resultado es algo menor, pero igualmente ilustrativo. A 31 de de julio del año pasado había en España 2.659.010 funcionarios en sus distintos formatos, de los cuales el 50,6% trabaja en las comunidades autónomas y sólo el 21,9% en la Administración central. El resto corresponde a las entidades locales y las universidades
¿Mucho o poco?
Lo curioso del asunto es que si se pregunta a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, la mayoría opinará que son manifiestamente mejorables. ¿Por qué? En buena medida por falta de plantillas. Y aquí está la paradoja. Los hospitales y centros de salud fallan por insuficiencia de especialistas, entre otros motivos. Por las mismas razones, los jueces no dan abasto a la hora de dictar sentencias en tiempo y forma (lo cual tiene consecuencias letales en términos económicos), y buena parte del fracaso escolar tiene que ver con la escasez de profesores de apoyo a estudiantes con dificultades. Es habitual, igualmente, oír las quejas de muchos ciudadanos que protestan por la inseguridad ciudadana. Y casi todo el mundo pone el grito en el cielo por la enorme bolsa de fraude fiscal o laboral que existe en este país, y que en buena medida se podría reducir aumentando la plantilla de inspectores. Es de sobra conocido que la administración paga cada año miles de horas extraordinarias, precisamente por falta de plantillas, algo que es un auténtico dislate.
Tan aparente contradicción pone de manifiesto el escaso rigor con el que a menudo se tratan algunas cuestiones importantes. Los gobiernos presumen habitualmente de invertir mucho dinero en carreteras o investigación, pero es altamente improbable que a posteriori se haga desde los poderes públicos una evaluación sobre si ese gasto ha sido eficiente en términos económicos. Y por eso miles de empleados públicos están mano sobre mano esperando que alguien les dé trabajo o que su jefe asuma nuevas funciones. Ya se sabe que el santo y seña de la política es el castizo burro grande ande o no ande, y eso explica la obsesión por las cifras y por las tasas de crecimiento, aunque lleven a la ruina. Lo que ha llevado a la creación de unidades mastodónticas sin ninguna actividad real, y en las que prima la burocracia y la ineptitud administrativa. Por eso, y como es lógico, la ciudadanía se queja del número de empleados públicos.
No hay un solo ministro que haya presumido alguna vez de haber hecho más con menos dinero, lo cual dice muy poco a favor de la mayoría de los gestores públicos.
Comparaciones
Como cuestión de principios, sin embargo, habrá que decir que en contra de lo que habitualmente se dice, España es uno de los países de la OCDE con menos empleados públicos respecto del total de fuerza laboral. Un 13% en 2005, por debajo del 14,3% de la media de la región, y a años luz de los niveles que existen en Noruega, Suecia, Francia o Finlandia, en todos los casos por encima del 20%. Hay, sin embargo, una diferencia. Mientras que en todos los países de la OCDE el empleo público se ha reducido desde 1995 (ver gráfico), en España ha crecido de forma notable, lo que tiene que ver parcialmente por el menor punto de partida y por el ensanchamiento de la protección social en coherencia con un periodo de fuerte expansión económica.
¿Quiere decir esto que hay que seguir contratando empleados públicos? Evidentemente que no. Estaríamos ante un suicidio como país y sería altamente ineficiente. Por el contrario, se necesita más pincel y menos brocha gorda, lo que exige identificar dónde sobran y dónde faltan empleados públicos y actuar en consecuencia. Luchando, al mismo tiempo, contra la endogamia que tradicionalmente ha acompañado a la función pública, un viejo mal de este país. Un Estado no es más eficaz por tener menos empleo público, porque si eso fuera cierto, España sería mejor que EEUU o Canadá, y eso no es cierto. Pero tampoco es mejor por el hecho de tener legión de funcionarios para dar sensación de que los servicios públicos funcionan.
El número óptimo de funcionarios exige, por lo tanto, un consenso previo sobre el papel del Estado en la actividad económica, algo que está por descubrir. Es sintomática la ausencia de un debate serio sobre en qué áreas el Estado debería dar un paso atrás para mejorar su eficiencia. Y, por el contrario, en qué áreas debería concentrar sus aumentos de plantilla durante los próximos años en aras de mejorra los servicios públicos esenciales sin ahogar a la iniciativa privada. En su lugar asistimos a un debate insulso que no sirve para nada y que tiene más que ve con el márketing político que con la acción de Estado.
